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Área legal - Ley 23.737

Ley de Estupefacientes

La ley 23.737, sancionada por el Congreso nacional el 21 de septiembre de 1989 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 10 de octubre del mismo año, es la norma que tutela la salud pública en nuestro país. Esta ley es un conjunto de normas penales, medidas de seguridad curativas y educativas, disposiciones de orden procesal, medidas de control sobre empresas dedicadas a determinadas actividades y medidas de acción educativa y sanitaria.

En lo que respecta a la venta y consumo de drogas, la ley 23.737 establece que será reprimida con prisión de hasta tres años y multa la persona autorizada para vender sustancias medicinales que las suministre sin la receta médica correspondiente; y con prisión de hasta quince años y multa quien, sin tener autorización o destino legítimo, siembre, cultive o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o elementos destinados a su fabricación, o materias primas para el mismo fin. También se castigará a quien almacene, distribuya, comercie, entregue, suministre, aplique, facilite o transporte estupefacientes. Asimismo, se establecen penas para quienes introduzcan al país estupefacientes o materias primas destinadas a su fabricación y para quienes organicen o financien cualquier actividad ilícita relacionada con el tráfico, la venta o el consumo de drogas.

Entre los delitos previstos por la ley 23.737 figuran los cometidos por profesionales, funcionarios o personas autorizadas para manejar drogas, quienes serán reprimidos con mayor rigor. También están contempladas medidas punitivas de cumplimiento obligatorio para los consumidores que deben ser reencausados en su adicción. Para estos casos se establecen internaciones en entidades terapéuticas con el propósito de lograr la desintoxicación, la deshabituación y la reinserción social del adicto.

En relación al tratamiento del drogadicto se reproducen los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 a fin de ilustrar al lector y dicen lo siguiente : Art. 18: En el caso del artículo 14, segundo párrafo, si durante el sumario se acreditase por semiplena prueba que la tenencia es para uso personal y existen indicios suficientes a criterio del juez de la responsabilidad del procesado y éste dependiere física o psíquicamente de estupefacientes, con su consentimiento, se le aplicará un tratamiento curativo por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación y se suspenderá el trámite sumario.

Acreditado su resultado satisfactorio, se dictará sobreseimiento definitivo. Si transcurridos dos años de tratamiento, por falta de colaboración del procesado no se obtuvo un grado aceptable de recuperación, se reanudará el trámite de la causa y, en su caso, podrá aplicársele la pena y continuar el tratamiento por el tiempo necesario; o mantener solamente la medida de seguridad.

Art. 19 - La medida de seguridad que comprende el tratamiento de desintoxicación y rehabilitación, prevista en los artículos 16, 17 y 18 se llevará a cabo en establecimientos adecuados que el tribunal determine de una lista de instituciones bajo conducción profesional reconocidas y evaluadas periódicamente, registradas oficialmente y con autorización de habilitación por la autoridad sanitaria nacional o provincial, quien hará conocer mensualmente la lista actualizada al Poder Judicial y que será difundida en forma pública.
El tratamiento podrá aplicársele preventivamente al procesado cuando prestare su consentimiento para ello o cuando existiere peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás.

El tratamiento estará dirigido por un equipo de técnicos y comprenderá los aspectos médicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos, criminológicos y de asistencia social, pudiendo ejecutarse en forma ambulatoria, con internación o alternativamente, según el caso.

Cuando el tratamiento se aplicare al condenado, su ejecución será previa, computándose el tiempo de duración de la misma para el cumplimiento de la pena. Respecto de los procesados, el tiempo de tratamiento suspenderá la prescripción de la acción penal.
El Servicio Penitenciario Federal o Provincial deberá arbitrar los medios para disponer en cada unidad de un lugar donde, en forma separada del resto de los demás internos, pueda ejecutarse la medida de seguridad de rehabilitación de los artículos 16, 17 y 18.
Art. 20 - Para la aplicación de los supuestos establecidos en los artículos 16, 17 y 18 el juez, previo dictamen de peritos, deberá distinguir entre el delincuente que hace uso indebido de estupefacientes y el adicto a dichas drogas, que ingresa al delito para que el tratamiento de rehabilitación, en ambos casos, sea establecido en función de patología y del delito cometido, a los efectos de la orientación terapéutica más adecuada.

Art. 21 - En el caso del artículo 14, segundo párrafo, si el procesado no dependiera física o psíquicamente de estupefacientes por tratarse de un principiante o experimentador, el juez de la causa podrá, por única vez, sustituir la pena por una medida de seguridad educativa en la forma y modo que judicialmente se determine.
Tal medida debe comprender el cumplimiento obligatorio de un programa especializado relativo al comportamiento responsable frente al uso y tenencia indebida de estupefacientes, que con una duración mínima de tres meses, la autoridad educativa nacional o provincial, implementará a los efectos del mejor cumplimiento de esta ley.

La sustitución será comunicada al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística criminal del país con competencia para la aplicación de la presente ley, cuando éstos lo requiriesen.
Si concluido el tiempo de tratamiento éste no hubiese dado resultado satisfactorio por la falta de colaboración del condenado, el tribunal hará cumplir la pena en la forma fijada por la sentencia.
Art. 22 - Acreditado un resultado satisfactorio de las medidas de recuperación establecidas en los artículos 17, 18 y 21, si después de un lapso de tres años de dicha recuperación, el autor alcanzara una reinserción social plena, familiar, laboral y educativa, el juez, previo dictamen de peritos, podrá librar oficio al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria para la supresión de la anotación relativa al uso y tenencia indebida de estupefacientes.

Estos artículos son de vital importancia, ya que de alguna manera diferencian al enfermo del delincuente, ya que el Juez puede proveer un medida curativa, lo que permite que el adicto entre en el circuito asistencial.
Obviamente los casos tratados en forma coercitiva no tienen el mejor pronóstico, pero hemos tenido muchas experiencias de jóvenes que fueron enviados al tratamiento por un Juez, y a través del grupo de pares en rehabilitación y la misma Comunidad Terapéutica, decidieron cambiar verdaderamente.
Además, se castigará con prisión de hasta seis años y multa a quienes preconicen o difundan el uso de estupacientes, induzcan a otro a consumirlos o los usen con ostentación.

Los idolos donan su voz
Marcelo Tinelli Pupi Zanetti Araceli Gonzalez Natalia Oreiro
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